Defensor de los niños: junio 2012

Ley aprobada en Diputados dificulta procesamientos por explotación sexual infantil Una ley sobre lavado de activos aprobada el pasado 12 de junio en la Cámara de Diputados modificó la competencia de los juzgados especializados en crimen organizado, que solo recibirán casos de explotación sexual infantil cuando participe un “grupo criminal organizado” integrado por tres o más personas. Para el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Conapese), Luis Purtscher, la medida dificulta que este tipo de casos llegue a la justicia. “El exigir la asociación para delinquir como condición para que los jueces tomen competencia, despoja a la víctima de una serie de garantías que la ley les da a esos juzgados: posibilidad de contar con una policía especializada en el tema, escuchas telefónicas, protección a la víctima, la figura del policía encubierto. Con esta nueva ley, las competencias volverían a los juzgados penales que no cuentan con eso”, explicó Purtscher. “Los espacios de protección se ven limitados”, agregó. El jerarca dijo que “ya era complejo lograr procesamientos”, y se preguntó “cuánto más” lo será “con esta nueva situación”. Durante el año 2010 se produjeron 20 procesamientos por explotación sexual infantil; en el 2011 se duplicó la cifra, y en lo que va del año ya fueron procesadas 16 personas. “Para esto fue una variable fundamental que trabajaran los juzgados especializados”, aseguró Purtscher. El presidente del Conapese explicó que el 82% de los procesados no contrataron abogados, ya que no se trata de gente organizada, ni eran casos de “explotación VIP”, sino que se trata de “cuestiones mucho más modestas”. “Entre los procesados hay siete desempleados, seis changadores, dos jubilados, un pensionista, dos amas de casa, un jardinero, un cantinero, un peón, una clasificadora y un contratista”, ejemplificó. Agregó que la mayoría de los explotadores son hombres de entre 21 y 78 años. El jerarca aseguró que “el tema es qué consideramos red”, ya que en el “circuito de explotación clásico” hay varias personas involucradas, entre ellas algún familiar, la pareja de la víctima, el dueño de la whiskería, entre otros. “No se reúnen a confabular pero en la práctica son cuatro (personas) o más”, señaló. Purtscher alertó sobre que esta nueva normativa “aleja” a nuestro país de los “protocolos internacionales ratificados por Uruguay”. “El tema judicial, si bien es una parte de todo el problema, es esencial porque de esa instancia depende si realmente estamos protegiendo o no a la víctima”, concluyó. (Búsqueda, pág. 15; 28/06/2012